Terrorismo a la derecha


apoyo de DN a Josué Estébanez

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En las últimas semanas hemos visto lanzarse a la palestra púbica varias noticias relacionadas con la violencia fascista. Los juicios al asesino de Carlos Palomino y a las agresiones del equipo de fútbol Bada Bing, formado por integrantes de los Boixos Nois, a otro equipo compuesto de jugadores suramericanos. De ambos sucesos hay pruebas audiovisuales que dejan poco lugar a dudas (pinchar los enlaces para ver los vídeos), aunque impere la presunción de inocencia. En ambas causas los denunciados realizaron declaraciones ‘sorprendentes’. Josué Estébanez, soldado profesional y ‘presunto’ asesino de Palomino, negó ser un radical de derechas y solo se calificó como ‘patriota’, que seguía los partidos de la selección y poco más, y negó que en el momento de la agresión fuera a una contramanifestación organizada por Democracia Nacional enfrentada a otra de orientación ‘izquierdista’ a la que acudía Carlos Palomino. Los jugadores del Bada Bing se limitaron a encerrar las agresiones a los límites del fútbol, patadas y puñetazos son la norma en un partido, se pronunciaron como víctimas, lo que pasa es que hay “hombres y nenazas” y ellos no denunciaron por ser lo primero, dicen. Precisamente, uno de los ‘boixos’ detenidos estaba cumpliendo condena por otro asesinato y varios compañeros de banquillo están involucrados en otras imputaciones sobre tráfico de drogas y agresiones racistas. Ambas defensas pretenden dar la imagen de agresiones casuales, en defensa propia, algo casual, sin ningún tipo de componente ideológico ni racial y, por supuesto, desvinculan a los denunciados con tendencias fascistas.

La extrema derecha lucha por mantener un hueco político que en España es un nicho minúsculo, apenas un 0,1% del electorado. Sus dos grandes referentes actuales, Falange Española o Democracia Nacional, que perdió 3.000 papeletas, no superaron los 15.000 votos cada uno en las Elecciones Generales del año pasado y la unión de todas las formaciones de este espectro no rondaron juntas los 35.000 apoyos en las últimas Europeas. La presencia política de los denominados herederos de Franco está lejísimos del poder parcial que sus aliados tienen en algunos territorios de Alemania, Austria, Italia, Hungria, Finlandia, Rumanía o Holanda (19% de los votos para el partido liderado por Geert Wilders), que ocupan en la actualidad 35 escaños en Estrasburgo. Sin embargo contemplamos como las acciones particulares de algunos organismos alcanzan una repercusión mediática exagerada para el calado social de su mensaje.  Por ejemplo, esta semana se ha desarrollado en el Tribunal Supremo el estudio de la querella interpuesta al juez Baltasar Garzón por el sindicato Manos Limpias, administrado por dirigentes de Fuerza Nueva, por el intento del magistrado de la Audiencia Nacional de estudiar los crímenes del franquismo. Una serie de medios de comunicación afines y de periodistas reconocibles dan pábulo y credibilidad a estas conjuras, en la mayoría de los casos infundadas y que no se mueren tras el veredicto, ni con ácido amónico, pero promocionando una ideología y dándole relevancia informativa. ¿Cuántas acciones de Manos Limpias han tenido un resultado judicial a su favor? Eso no es tan importante. La cuestión es hacer ruido.

En España ni la crisis ha suscitado, como sí en otros estados como ya hemos visto, un escaparate de disparate para los ultraderechistas, que encuentran en las situaciones de debilidad un buen caldo de cultivo para arremeter contra el sistema y sus eslabones más débiles, apuntando a los inmigrantes como el eje del mal, y ensalzar los cuarenta años de franquismo. Quizá esta época, el recuerdo de la penuria cercana y el sufrimiento de una dictadura, hacen que el romrotoanticismo de la ultraderecha tenga menor florecimiento en un país cada vez más bipolar en tendencias políticas y en las que algunas reivindicaciones entran en el arco de siglas más moderadas. Por contra, la debilidad del progreso de la transición aplazó la cura de muchas heridas abiertas por el régimen y que, a día de hoy, se mantienen como una vergüenza en el perdón que la historia se merece con las víctimas todavía enterradas de la Guerra. ¿Se imaginan que en Alemania siguieran sin reconocerse el derecho a un entierro digno a las víctimas del nazismo? ¿Por qué democracias más ‘débiles’ como Brasil, Chile o Argentina ha actuado con mayor rapidez y prestancia que España en el caso de los desaparecidos? ¿Por qué resulta más fácil exhumar los cuerpos de los restos de los españoles muertos en el Frente Ruso (sin mirar el bando) que a los fusilados por Franco? ¿Qué miedo hay a que personas de la tercera edad puedan encontar los huesos de sus familiares? ¿Por qué hay miedo de reconocer los errores y dejar de igualar al bando republicano con los militares que derrocaron a un estado democrático y mantuvieron una dictadura durante cuatro décadas?

Ese miedo a romper la paz social pactada por la transición, sin riesgo a un retroceso golpista como en los primeros años 80 y dada la mínima fuerza de los grupos fascistas hoy en día, no debería sustentar la tolerancia con la que la sociedad observa ciertos comportamientos como los grupos ultras de los equipos de fútbol financiados por la mayoría de los clubs o los actos de violencia como los que ahora se juzgan y he citado al principio de esta entrada. Es un error pensar que estos actos son fruto del comportamiento irreacional de unos individuos y no de una tendencia organizada y amparada en el odio fascista.

Gracias a la Ley Orgánica de Partidos del 2002 se ilegalizaron los diferentes soportes políticos que no condenan la violencia de ETA. Esta condena ha sido clave para el giro en el gobierno vasco y la ascensión de los partidos estatales a la Lendakaría. La supresión de Batasuna se sustenta en este artículo de la Ley:

 “impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”

No justifica esta sentencia la ilegalización de los partidos de ultraderecha que siguen justificando el golpe de Estado que inició una Guerra Civil y que hoy por hoy justifica acciones como los asesinatos de Carlos Palomino o las agresiones de Bada Bin, por enunciar los dos ejemplos citados y retratados por los medios como actualidad, que no son casos aislados. Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional se ha propuesto equiparar los casos de violencia fascista con delitos de terrorismo. Quizá este sea un primer paso.

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~ por sraly en 27 septiembre 2009.

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